Santo Domingo. La decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de dejar sin efecto los simuladores utilizados desde 2019 para obtener licencias de conducir y retomar el examen práctico abre un debate inevitable sobre la modernización del sistema de evaluación de conductores en la República Dominicana.
La medida, anunciada por el director de Gabinete del Intrant, Otniel Salcedo, plantea un dilema entre tecnología, control institucional y confianza pública.
Cuando se introdujeron los simuladores en 2019, la intención era incorporar herramientas tecnológicas que permitieran evaluar a los aspirantes en entornos controlados, estandarizados y con menor margen de discrecionalidad humana.
En muchos países desarrollados, la simulación es una fase complementaria dentro de los procesos de formación y evaluación de conductores, porque permite medir reflejos, toma de decisiones y reacción ante riesgos sin poner en peligro vidas humanas.
Sin embargo, la eliminación de este componente tecnológico genera cuestionamientos legítimos.
En sociedades donde los mecanismos institucionales aún luchan contra prácticas informales o discrecionales, lo que popularmente se conoce como “macuteo”, la automatización de procesos suele verse como un antídoto contra la corrupción menor o el favoritismo administrativo.
Retirar ese filtro tecnológico puede interpretarse, para algunos sectores, como un paso atrás en la búsqueda de transparencia.
La posición del Intrant, sin embargo, apunta a otro enfoque, según explicó Salcedo, quien informó que los simuladores no desaparecerán totalmente, sino que pasarán a ser herramientas de concienciación.
La evaluación formal volverá a incluir el examen práctico de manejo, acompañado de una charla obligatoria de educación vial de al menos 45 minutos impartida por la escuela del organismo.
El argumento institucional es que conducir no es solo superar una prueba técnica, sino asumir una responsabilidad social. En un país que registra altos índices de accidentes de tránsito, el Intrant sostiene que la nueva licencia busca “atacar y disminuir la siniestralidad vial”.
El problema central no radica únicamente en el método de evaluación, sino en la confianza ciudadana en el sistema.
Un examen práctico para obtener las licencias puede ser más realista que un simulador, pero también exige mayor supervisión para garantizar que todos los aspirantes sean evaluados con los mismos criterios.
Pero, la pregunta obligada es ¿existen suficientes controles para evitar arbitrariedades o irregularidades en la aplicación de estas pruebas?
Si el proceso se maneja con protocolos claros, auditorías y transparencia, la evaluación práctica podría incluso fortalecer la calidad de los conductores, pero si el sistema carece de controles robustos, la percepción pública de retroceso podría consolidarse.
Por supuesto que, la discusión también revela un problema estructural, y es la cultura vial. En la República Dominicana, los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte, lo que evidencia que el problema no se resuelve únicamente en el momento de otorgar una licencia.
La educación vial continua, la fiscalización efectiva y la aplicación de sanciones son elementos igualmente determinantes.
La decisión del Intrant coloca al país en una encrucijada entre tecnología y práctica tradicional. El regreso al examen práctico puede ser una medida razonable si se implementa con rigor, transparencia y supervisión, pero sin esos elementos, el riesgo es que la percepción de retroceso, y la sospecha de prácticas informales, termine debilitando la credibilidad del sistema.
En definitiva, el verdadero avance no dependerá de si se usa un simulador o un vehículo real, sino de la capacidad del Estado para garantizar que obtener una licencia signifique, realmente, demostrar que se sabe conducir y que se asume la responsabilidad de hacerlo.
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