El director ejecutivo de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló este lunes que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no ha sido auditado por los órganos del control del Estado.
“No ha sido auditado por los órganos del control del estado dominicano. No ha sido auditado por la Contraloría, ni Cámara de Cuentas ni el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización”, indicó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.
Aseguró que no es posible delegar las funciones de contratación y menos excluirse de los procedimientos administrativos, financieros y de control.
Pimentel precisó que las adquisiciones que se realizaban a través del PNUD no cruzan por el sistema administrativo y financiero del Estado, alegando que estos funcionan mediante transferencia.
“Funcionan a través de transferencia y los órganos de control no tienen ningún tipo de competencia, fiscalización y seguimiento sobre esto”, indicó.
Puntualizó, que la información disponible sobre las contrataciones realizadas por el PNUD en la modalidad de delegación de funciones es muy escasa y que a la fecha es difícil establecer un histórico de lo contratado por el Estado dominicano.
Sostuvo que una de las primeras medidas que tomó al asumir la DGCP fue enviar una circular a las instituciones del estado, donde establecía que la delegación de funciones para las contrataciones públicas no estaba prevista en la nueva legislación.
“Y no está prevista en nuestra ley por varias razones… Lo primero es que si estuviera prevista para contratar ese servicio tuviera sujeto a los principios de contratación, que son transparencia publicidad, participación y competencia”, explica.
Señaló que no todos los contratos del Estado con el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) tienen prevista la delegación de funciones para adquirir bienes y servicios.
El Estado dominicano trasfirió más de 237 millones de dólares al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para acompañarlo en procesos de transparencia en la gestión y desarrollo, solo en el año 2020, no estarían transparentados para el público y supondrían una violación de orden constitucional debido a que el organismo internacional asumiría funciones que le corresponden a entidades legalmente constituidas para tales fines, consideran especialistas en el área.
