El juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, se reservó este lunes lunes el fallo de si mantiene o revoca la decisión del Ministerio Público de archivar una querella interpuesta contra los consejeros del Poder Judicial que aprobaron las resoluciones de la virtualidad, emitidas al inicio de la pandemia.
El magistrado conoció en una audiencia la objeción presentada por un grupo de abogados de Santiago que interpuso la querella contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, y otros consejeros.
La lectura del fallo se dará a conocer cuando las partes sean convocadas por el juez en fecha pendiente de establecer.
La querella fue archivada por el Ministerio Público al no encontrar delito alguno que perseguir
“Ante la no existencia de evidencias ni pruebas, que pueda constituir el elemento que fundamenta la persecución penal, estamos impedidos de formular requerimiento acusatorio”, precisó el Ministerio Público.
Dijo además que de considerar que los hechos alegados son inexistentes, toda vez que las autoridades acusadas de cometer delitos penales habían actuado conforme a sus roles, atribuciones y funciones.
Ante esto, los abogados presentaron una objeción al archivo para que sea revocado, petición a la que se sumó el Colegio de Abogados de República Dominicana, representado por su presidente, Miguel Surun.
Ademas de Molina, asistieron a la audiencia los jueces Nancy Salcedo, Fernando Fernández, Etanislao Rodríguez y Leonardo Recio Tineo, quienes fueron los que aprobaron las resoluciones de la virtualidad en medio de la Covid-19.
El Poder Judicial estuvo representado legalmente por el director de la Oficina de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, quien dijo que al analizar los documentos, el Ministerio Público se dio cuenta que los elementos básicos de una querella son inexistentes.
Precisó que esta audiencia no fue para conocer asuntos del fondo, tampoco para una medida de coerción, ni un jucio donde se va a determinar responsabilidad de los consejeros.
“En lo absoluto, estamos todavía en un epata preparatoria, eminentemente investigativa, solamente se está examinando los méritos del dictamen del procurador”, agregó.
Sobre la intervención del Colegio de Abogados de República Dominicana en este proceso, el defensor público dijo que Surun había interpuesto una querella en ese mismo sentido y “apareció de la nada” estableciendo que tiene interés.
Por otro lado, Surun dijo que Luis Henry Molina debe ser procesado por supuestamente cometer coalición de funcionarios, abusos de funciones y que, aseguró, fueron confirmados por el desacato a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
En octubre del año pasado, Surun interpuso una querella contra el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por supuestamente incurrir en prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios.
En esa ocasión, dijo que el magistrado Molina ha violado varios artículos del Código Penal al pretender modificar el procedimiento de enjuiciamiento dominicano.
